Los Juegos Panamericanos terminaron el pasado domingo y, con ello, también la pausa en la que entraron varios temas contingentes de alto interés.
Se reactivó la discusión constitucional, cerrándose el segundo proceso con la entrega del borrador de Nueva Constitución al Presidente de la República. Ello dará inicio a cinco semanas de intensa campaña donde veremos al Gobierno en la disyuntiva de tomar posición por el En contra -que es un implícito declarado- y así intentar capitalizar políticamente un eventual triunfo de esa opción o, por el contrario, permanecer en una “recomendada” prescindencia, por temor de transformar la elección en un plebiscito a su gestión.
La situación de las isapres es un tema subyacente que tiene la potencialidad de transformarse en una gran crisis política y social, afectando el sistema de salud en su integridad. Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo la semana pasada al proyecto de ley, no parecen dar un real aire a la asfixiante problemática del sector asegurador privado. Al no considerar criterios de mutualización propuestos por el Comité Técnico, la envergadura del problema sigue siendo difícil de abarcar, lo que puede terminar arrastrando a prestadores y pacientes. En este sentido y aunque muy poco comentado, nadie parece hacerse cargo que esa crisis tiene un detonante inmediato, que no requiere esperar resultados ni tramitación de la ley corta. La adecuación de los precios GES ordenada por la Corte Suprema, ya no mantiene recursos pendientes y se encuentra en estado de cumplirse, lo que podría significar -para algunas isapres- un impacto de consecuencias irreversibles.
M. Carolina Zúñiga
Directora de Comunicaciones b2o
AGENDA POLÍTICA
CASO CONVENIOS: CONTRALORÍA DETECTA IRREGULARIDADES A NIVEL NACIONAL
El contralor Jorge Bermúdez expuso el jueves ante la comisión investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda desde enero de 2021 a junio de 2023. Bermúdez entregó detalles de las auditorías a las seremis del Ministerio de Vivienda. En 15 regiones del país se detectaron irregularidades en convenios con un “mecanismo” similar al de la fundación Democracia Viva. Los antecedentes serán enviados al Ministerio Público, mientras la oposición reactivó los cuestionamientos al ministro de Vivienda, Carlos Montes.
“No estaban bien fundados los actos administrativos que aprueban los convenios, es decir, por qué se contrata a esa fundación. Luego, hay una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan, en muchos casos no había experiencia”, expuso Bermúdez. El Minvu emitió una declaración a propósito de los informes de la Contraloría: “Nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”, señaló el ministerio.
En tanto, tras dos negativas iniciales, el martes compareció, por tres horas, ante la comisión investigadora del Caso Convenios el ex Subdere y hoy jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi (RD). Crispi reconstruyó la cronología de los hechos: supo del "rumor" (de que pasaba algo con la fundación Democracia Viva (Daniel Andrade) y el seremi del Minvu en Antofagasta el 7 de junio), y Boric el 16 del mismo mes (cuando salió la publicación del medio local Timeline), lo que no es exactamente lo mismo dicho antes por el gobernante, se cuestionó.
Sus declaraciones aumentaron la presión en el Gobierno. “Lejos de aclarar y cerrar los cuestionamientos, reabrió de manera muy torpe el debate acerca de las fechas en que se conocieron los hechos, y nuevamente pone a La Moneda en el centro de la polémica”, dijo el diputado Jaime Araya, subjefe del comité PPD.
CONSEJO CONSTITUCIONAL ENTREGA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN
El martes pasado la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, le entregó la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric. El mandatario, junto con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, firmaron el decreto que convoca a Plebiscito Nacional el próximo 17 de diciembre. A diferencia de otras ocasiones el mandatario evitó hacer una crítica a la propuesta constitucional.
En paralelo, los equipos de ambas opciones han ido avanzando en sus estrategias de campaña. Así, por ejemplo, en el "En contra" ya definieron que sus voceros estarán liderados por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC). Mientras que en el "A Favor" levantan un comando de mujeres por el "A Favor", integrado por Pauline Kantor (Evópoli), Pía Margarit (UDI), Giannina González (RN) y Macarena Bravo (Republicano).
Además, el "A Favor" ha tenido problemas por el descuadre de algunos parlamentarios. Así, contrario a la postura oficial que adoptó el Partido Republicano y Chile Vamos, un conjunto de ocho diputados y senadores de derecha defendieron su posición de rechazar el texto elaborado por el Consejo. A ello se suma que la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei descartó asumir un rol en la campaña.
CRISIS EN SLEP EN ATACAMA COMPLICA AL GOBIERNO
Las últimas semanas el Gobierno ha enfrentado la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, que ha forzado a que más de 30 mil escolares no puedan asistir a sus escuelas.
El miércoles, después de más de ocho horas de reunión, los profesores del SLEP Atacama y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lograron destrabar las principales complicaciones que mantienen movilizados a los docentes hace casi 70 días y que, previa consulta a las bases de los colegiados, los tendría de vuelta en las salas de clases en los próximos días. Ese fue el ‘Protocolo de Acuerdo’ alcanzado después de una maratónica jornada.
La crisis ha puesto en entredicho la gestión del ministro Nicolás Cataldo (PC) y la desmunicipalización.
AGENDA ECONÓMICA
INFLACIÓN SUBE MENOS DE LO ESPERADO, ABRE CAMINO A MAYOR RECORTE DE TASAS Y ALZA DEL DÓLAR
El IPC registró una variación de 0,4% en octubre, lo que fue calificado como un dato 'positivo' por el Gobierno y el Banco Central (BC). En el mercado se esperaban variaciones de entre 0,5% y 0,7%.
Con la cifra del décimo mes, la inflación interanual cayó de 5,1% a 5,0%, siendo el registro más bajo desde agosto de 2021. Aunque este índice moderó su ritmo de descenso, igualmente completó 11 bajas consecutivas. En lo que va del año, en tanto, el índice acumula un incremento de 3,7%, con lo que la inflación se encamina 'a cerrar el año más cerca de 4%, por debajo de la proyección del Banco Central (4,3%)', remarcaron desde el centro de estudios Clapes UC.
En opinión de expertos, se elevaría así la opción de que el instituto emisor retome una tendencia de recortes más profundos de su tasa de interés referencial, para estimular por esa vía una debilitada demanda interna. De hecho, la Encuesta de Expectativas Económicas que realiza periódicamente el BC, apuesta a que el ente emisor recortará su tasa de interés en 75 puntos en diciembre. En la última reunión de política monetaria, el BC redujo su tasa referencial en 50 puntos, lo que fue visto por el mercado como la estrategia con la que cerraría el año. Sin embargo, tras el sorpresivo IPC, los expertos apuestan a que el BC baje su TPM desde el 9% actual a un 8,25%.
En tanto, el dólar está cerrando la semana con una tendencia al alza (se mantiene en el rango de $915-$920) en medio de presiones externas para el peso nacional -la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que está dispuesta a realizar nuevas alzas de las tasas de interés si es necesario, para controla la inflación-, además de que el dato del IPC en Chile, como ya vimos, podría dar motivos a reducciones de tasas por parte del BC, dado más argumentos alcistas para el dólar en el país.
GOBIERNO INGRESA INDICACIONES A LEY CORTA Y GENERA REACCIONES DE ACTORES DE LA SALUD
El pasado viernes el gobierno ingresó sus indicaciones a la llamada ley corta de isapres. En las indicaciones que introdujo el Ejecutivo, acogió algunas de las propuestas que hicieron los expertos de la instancia técnica que trabajó al alero de la Comisión de Salud del Senado, pero también desechó otras. En este contexto, el gobierno terminó por fijar una fórmula que significa que, al aplicar la tabla única de factores a todos los afiliados tal como lo definió la Suprema y devolver los montos cobrados, la deuda de las isapres con sus afiliados queda en cerca de $900 mil millones, unos US$1.000 millones, monto que podría variar de aquí a que se hagan las devoluciones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos, y es menor que los US$1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud.
La diferencia con el cálculo del regulador se da principalmente porque el gobierno acogió una propuesta de los expertos, la cual apunta a que desde que se apruebe la ley, la regla general será que todas las personas estén obligadas a aportar al sistema su cotización de 7% de las remuneraciones imponibles, sin generar excedentes individuales hacia futuro como sucede en la actualidad. Eso, a juicio de los técnicos, justamente reducía el pasivo en poco más de US$360 millones. Pero la razón principal por la cual el tamaño de la deuda es más del doble que lo calculado por los técnicos, es porque el gobierno no acogió la llamada mutualización que propusieron los expertos.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, defendió en la comisión de Salud del Senado la propuesta del Ejecutivo, y explicó que "las indicaciones recogen prácticamente completo el informe técnico con excepción de elementos relacionados con el cálculo de la deuda, específicamente en relación con el enfoque de mutualización". Los parlamentarios expresaron sus reparos al recalculo de la deuda de las isapres. "Eliminar la mutualización de la deuda hace totalmente inviable la existencia del aseguramiento privado", advirtieron desde la UDI.
En tanto, Clínicas de Chile, manifestó el martes que las indicaciones que presentó el Gobierno al proyecto de ley "solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado con un impacto muy negativo en los pacientes y en la operación de los prestadores privados". La agrupación lamentó que recomendaciones del Comité de Expertos no fueran consideradas en las modificaciones, pues el grupo "era de amplia representación" y "buscaba establecer bases que permitieran la sostenibilidad del sistema en el corto plazo”.
