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Síntesis semanal de noticias, 23 de junio de 2023

La polémica en el Ministerio de Vivienda y Democracia Viva, la comisión de la Paz por el conflicto en La Araucanía y la tasa de interés entre los principales temas.
23/6/2023

DESTACADOS DE LA SEMANA

1. Seguridad

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento, para enfrentar los problemas de violencia que afectan a la Macrozona Sur del país.

2. Visa Waiver

El Gobierno subió el tono ante la polémica en el Congreso estadounidense por la mantención del beneficio de la Visa Waiver a Chile. Esto, luego de que el Comité de la Cámara condicionara el financiamiento del programa, aprobando la norma por 33 votos a favor frente a 25 en contra.

3. Tasa de interés

El Banco Central mantuvo en 11,25% la tasa de interés de política monetaria (TPM). El organismo planteó un escenario con una menor actividad e inflación de lo contemplado en marzo, lo que refuerza la idea de un pronto inicio de una fase de recortes de tasas.

Agenda Política

a)    Seguridad:

·       En medio de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento, para enfrentar los problemas de violencia que afectan a la Macrozona Sur del país.

·       La instancia estará compuesta por ocho integrantes, destacando entre ellos la participación de Alfredo Moreno, exministro del Gobierno de Sebastián Piñera; y de Francisco Huenchumilla (DC), senador por La Araucanía.

·       Cabe recordar que la Comisión por la Paz y el Entendimiento fue anunciada en noviembre del 2022 por el Presidente Boric, en el marco de lo que fue su primera visita a la Región de La Araucanía desde que asumió el cargo.

·       La semana pasada, además, Boric sostuvo en su tercera visita a La Araucanía que 'tenemos que volver a encontrarnos. Por eso, la próxima semana vamos a estar dando un anuncio importante en lo que se refiere a la Comisión por la Paz y el Entendimiento, para conversar de manera clara, con el tiempo que se requiera, el tema de las tierras'.

b)    Polémica por Fundación Democracia Viva y convenios del Serviu Antofagasta:

·       Un par de convenios suscritos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta derivaron repentinamente en una nueva crisis política para La Moneda y el oficialismo, que incluso podría llegar a perder el control de la Cámara de Diputados por este hecho.

·       Según la publicación de un medio regional de Antofagasta, convenios del Serviu, por un total $ 426 millones, habían sido visados por la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es el también militante de ese partido Daniel Andrade, pareja de la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD). Hasta hace unos días, Andrade se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa.

·       Ese nexo desencadenó una ola de cuestionamientos opositores. Frente a ello, la misma diputada ofició a Contraloría para determinar la legalidad de los contratos con Democracia Viva y otras organizaciones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. “No tengo ninguna participación o injerencia”, recalcó. De todas formas, la directiva de RD presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo de la colectividad para que los involucrados directos -Contreras y Andrade- reporten los antecedentes del caso.

·       La tarde de este miércoles, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la investigación que está desarrollando la cartera: “Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan y buscaremos formar para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Reitero: nuestro mensaje es claro, esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable”, dijo tajantemente el titular de Vivienda. Además, afirmó que “lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”.

c)    Visa Waiver

·       El Gobierno subió el tono ante la polémica en el Congreso estadounidense por la mantención del beneficio de la Visa Waiver a Chile. Luego de que el Comité de la Cámara estadounidense condicionara el financiamiento del programa, aprobando la norma por 33 votos a favor frente a 25 en contra.

·       Así, las reacciones se hicieron sentir desde tempano tanto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago, como desde Washington a través del embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

·       La cartera, liderada por el ministro Alberto van Klaveren, recordó que de manera conjunta y coordinada una mesa interinstitucional compuesta por el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Policías y Registro Civil, ha trabajado el último año como contraparte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para establecer mecanismos más efectivos y ágiles para intercambiar antecedentes penales, como parte del plan de trabajo Visa Waiver.

·       Justamente, agregaron, que esta semana un equipo técnico de alto nivel de la instancia está en Washington DC, en una reunión de trabajo con el DHS.

·       De hecho, el embajador Valdés sostuvo que los equipos técnicos “han avanzado con pleno consenso en las normas y mecanismos que aseguran el intercambio expedito de antecedentes penales de los solicitantes de Visa Waiver”.

·       Esto podría ser la solución a los cuestionamientos de parlamentarios republicanos estadounidenses, que están condicionando la aprobación de recursos para el DHS al término del programa Visa Waiver para Chile.

·       En este contexto, desde la Embajada de Estados Unidos en Santiago se informó que están siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de su país.

·       Y aunque añadieron que “el estatus de Chile en el programa permanece sin cambios”, también recordaron que sigue el trabajo con el gobierno chileno para abordar las preocupaciones actuales relacionadas con el intercambio de información, la prevención de viajes con fines delictivos y el fortalecimiento de la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley.

AGENDA ECONÓMICA

a)    Banco Central mantiene la tasa de interés:

·       Con votos divididos, el Consejo del Banco Central mantuvo el lunes en 11,25% la tasa de interés de política monetaria (TPM). La decisión fue adoptada con voto de mayoría de la presidenta Rosanna Costa y los consejeros Alberto Naudón y Luis Felipe Céspedes y el voto disidente del vicepresidente, Pablo García, y la consejera Stephany Griffith Jones, quienes se inclinaron por reducir la tasa de referencia en 50 puntos base.

·       Más allá de las diferencias en la votación, el Consejo del organismo rector remarcó que “la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida (…) De mantenerse estas tendencias, la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo”, dijo la entidad. Tras el mensaje del BC, en el mercado se prevé que este proceso de recortes comenzará en julio, aunque las previsiones para la partida van desde reducciones de 50 pb a 100 pb.

·       Al día siguiente, Costa presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, el que plantea un escenario con una menor actividad e inflación de lo contemplado en marzo, lo que viene a reforzar la idea de un pronto inicio de una fase de recortes de tasas. El Banco Central proyecta que el PIB 2023 tendrá una variación entre -0,5% y +0,25%, en lugar de -0,5% a +0,5%. Para la inflación total, bajó sus perspectivas hacia diciembre, desde 4,6% a 4,2% anual, y en inflación subyacente, desde 6,9% a 6,5% anual.

·       La presidenta del Banco Central presentó el IPoM a la comisión de Hacienda del Senado, oportunidad en la que destacó que la economía chilena ha avanzado en la resolución de sus “desequilibrios” tras una excesiva liquidez. Si bien la inflación ha descendido desde el máximo de 14,1% anual en agosto 2022 a 8,7% en mayo de este año, remarcó que “sigue en niveles elevados y sus efectos se mantienen presentes en diversos ámbitos de la economía”.

b)    Diálogos tributarios – Pacto Fiscal

·       El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que sería “una gran frustración para el país” si las fuerzas políticas no acuerdan un pacto fiscal. En declaraciones a “Mesa Central”, de Canal 13 (el domingo pasado) la autoridad incluso advirtió que un eventual fracaso en esa materia implica “un riesgo para el país de grandes magnitudes”. Agregó: “Si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambios en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario, y, para algunos, sin una nueva Constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos con lo que ocurrió en aquellos momentos, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Me parecería trágico”.

·       Además, Marcel aseguró que en 2022 el Gobierno tuvo que “generar financiamiento para la PGU”, y que en el Presupuesto 2023 el conjunto de adecuaciones de la PGU “absorbió la mitad del financiamiento que teníamos en 2023”.

·       Sus declaraciones tuvieron rápidas reacciones y tensionaron los diálogos por el pacto fiscal con el que Hacienda busca recaudar al menos US$8 mil millones. Evópoli desistió a última hora de acudir a una cita con el ministro, por estimar “imprudentes” sus palabras sobre un riesgo para el país si no hay acuerdo en este tema. Además, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que “el ministro Marcel no tiene razón” respecto de la PGU.

·       Por otro lado, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) definió su posición respecto al debate tributario y rechazó cualquier aumento de impuestos a dos semanas de la reunión del presidente del organismo, Ricardo Mewes, con el ministro Marcel. El gremio empresarial afirmó que la economía chilena se encuentra “estancada” y aboga por medidas que apunten a un mayor crecimiento.

·       Además, gremios de pymes se cuadraron con la CPC y pidieron priorizar eficiencia e incentivos al crecimiento por sobre alzas de impuestos. Los gremios de la pequeña y mediana empresa no quieren centrar el debate en la carga tributaria, pero esperan un foco en evasión, elusión y mejor gasto público.